Dura lex, sed lex, solían decir los romanos para dar a entender que las leyes deben ser cumplidas incluso cuando nos perjudican porque es gracias a su carácter impersonal que son capaces de ordenar la vida en sociedad: ¡Dura es la ley, pero es la ley!
Aunque esta noción básica del derecho parece una perogrullada, no sobra recordarla en medio de la agitación política y social que ha despertado la destemplada y estridente reacción de Gustavo Petro ante el fallo de destitución e inhabilidad proferido por el Procurador. Aunque parece haber un consenso generalizado en que la sanción fue excesiva, cada vez se hace más claro que el Procurador actuó en derecho y que el marco constitucional vigente lo faculta para destituir incluso a aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente.
A pesar de esto, Petro y sus áulicos pretenden imponer una aplicación selectiva de la ley y consideran que debido a su pasado guerrillero se les debe permitir que se salten a la torera las normas y leyes que rigen a los demás colombianos. La victimización, las amenazas veladas a la institucionalidad y el chantaje con el proceso de paz han estado a la orden del día, y contra toda previsión un inmenso coro de periodistas y columnistas, motivados principalmente por el rechazo que les produce la figura del Procurador y sus creencias religiosas, han hecho eco de los sofismas del Alcalde y han terminado convirtiendo en mártir a un pésimo administrador y han puesto en entredicho la universalidad que debe caracterizar a todo orden legal.
Contra lo que dicen los defensores de última hora de Gustavo Petro, no es cierto que el Procurador solamente haya castigado a los políticos de izquierda y se haya hecho el de la vista gorda con los políticos de derecha; los casos de Andrés Felipe Arias y Bernardo Moreno, dos importantes figuras del gobierno Uribe, muestran que los fallos de la Procuraduría han hecho llorar al país político por los dos ojos. Petro, por cierto, no es el único funcionario público elegido por votación popular que ha sufrido los rigores de la vara del Procurador: 828 alcaldes, 49 gobernadores, 622 concejales, 22 congresistas y 18 diputados de las más diversas corrientes políticas corrieron su misma suerte durante el primer periodo de Ordoñez en el Ministerio Público. Finalmente, quienes sostienen que Petro no se ha robado un peso y que está siendo sancionado excesivamente por una mala gestión parecen no querer ver que el Alcalde no está siendo sancionado por su innegable ineptitud administrativa sino porque a cuenta de ella violó leyes y normas que tenía la obligación de respetar.
Hay quienes sostienen que el caso de Petro evidenció un problema de diseño constitucional que debe resolverse, y quizá no les falta razón. Sin embargo, mientras esa reforma no se realice todos debemos defender el principio de que nadie está por encima de la ley y someternos a ella incluso cuando vaya contra nuestros intereses, y si Petro, como sostiene la Procuraduría, traspasó los límites de la ley, no a pesar de su pasado guerrillero sino precisamente a cuenta de él, debe ser sancionado como cualquier hijo de vecina. Ese principio de una ley que no hace distingos y que rige a todos por igual es la esencia de la verdadera democracia, que está muy lejos de la hiperbólica facundia vespertina que desde hace una semana el Bolívar de Tenerani tiene que soportar sin poderse bajar de su pedestal.