Desde hace algún tiempo los medios de comunicación vienen repitiendo que en Colombia se realizan cerca de 400.000 abortos al año y de tanto repetir esta cifra la opinión pública ha terminado por creer que se trata de una verdad incontrovertible. El origen de la cifra de marras es un estudio aparecido en 2011 en una publicación trimestral del Guttmacher Institute (GI) (1), institución sin ánimo de lucro abiertamente partidaria de la despenalización del aborto y que hasta el 2007 mantuvo una estrecha relación con Planned Parenthood Federation of America (PPFA), uno de los principales adalides de la causa pro-choice en Estados Unidos. Como no se puede desconocer que en ocasiones la ciencia puede instrumentalizarse, traicionando la neutralidad y la objetividad a la que debe aspirar, un periodismo serio junto con dar cuenta de una determinada investigación debe informar si quién realizó o financió dicho estudio podría tener un conflicto de interés respecto a los resultados obtenidos. Era esperable, por tanto, que ante un estudio sobre la incidencia del aborto realizado por un instituto comprometido con su legalización, los medios de comunicación adoptaran una actitud crítica y lo difundieran advirtiendo a la opinión sobre sus posibles sesgos; esta es una situación análoga a la de una investigación sobre los efectos nocivos del tabaco realizada o financiada por una tabacalera, pues en ambos casos la tentación de manipular o acomodar los resultados para favorecer los propios intereses es grande.
Evidentemente, estas consideraciones no implican que el estudio en cuestión deba ser descartado a priori, pero si nos obligan a abordarlo con cautela. Por obvias razones no existen registros confiables y completos de la incidencia del aborto inducido en los países en los que esta práctica presenta restricciones legales, y esta circunstancia obliga a los investigadores a emplear métodos cuantitativos o estadísticos que les permitan estimarla. En estos casos el GI emplea un método de estimación indirecta denominado estimación de aborto por complicaciones −AICM, por sus siglas en inglés−, que infiere el número de abortos totales a partir de una estimación del total de mujeres atendidas en los centros de salud por complicaciones causadas por un aborto. Como en los países donde el aborto está prohibido no existen cifras oficiales que permitan contrastar las estimaciones del AICM, resulta muy difícil verificar el grado de precisión de este método.
Sin embargo, hay un caso que puede servir como piedra de toque para determinar la validez del AICM. Se trata de Ciudad de México, donde a partir de abril del 2007 se legalizó el aborto hasta los tres meses de gestación y que desde entonces cuenta con un registro del número de abortos realizados en las entidades de salud pública. Como en 2008 el GI publicó un trabajo en el que se estimaba el número de abortos inducidos anuales en Ciudad de México empleando el AICM (2), se configuró un escenario ideal para probar o refutar su validez.
En el estudio se estima que en Ciudad de México se realizan 165.455 abortos al año, cifra que contrasta de forma escandalosa con los 94.200 abortos reportados por el Gobierno del Distrito Federal entre el 24 de abril de 2007, fecha de la legalización, y el 31 de enero de 2013 (3); si se compara el promedio anual de abortos reportados, 16.383, con la estimación del estudio se observa que el AICM sobrestima el número de abortos en un 1.000 %. Como en Ciudad de México las clínicas privadas no están obligadas a reportar los abortos que realizan, las cifras del Gobierno del Distrito Federal podrían estar subestimando la incidencia del aborto inducido. Sin embargo, en otro estudio el GI aporta una serie de datos que sugieren que la subestimación no debiera ser muy grande (4). Según dos encuestas recogidas en dicho estudio en 2010 el 85% de la población de Ciudad de México tenía conocimiento de la ley y ya en 2009 el 74% la aprobaba, lo que hace pensar que ni el desconocimiento de la ley, ni la estigmatización social deberían estar impidiendo que las residentes de la capital mexicana aborten en los centros de salud pública. Si se agrega que un aborto en un centro de atención público es gratuito, mientras que en las clínicas privadas debe pagarse, se refuerza la idea de que el número de abortos no reportados no debería ser muy alto. No obstante las consideraciones anteriores, cabe citar, en aras de la discusión, un último estudio que estima que anualmente se realizan 21.600 abortos inducidos en las clínicas privadas de Ciudad de México (5); pero ni con esta concesión el AICM sale bien librado, porque sigue sobrestimando el número de abortos en un 435%.
Es razonable afirmar que la idoneidad de un método de estimación debe medirse en función de su precisión, es decir, de su capacidad para entregar estimaciones cercanas a la realidad. Las cifras discutidas evidencian la total falta de precisión del AICM y dan pie para cuestionar seriamente su validez; ningún método que aspire a tener estatus científico puede entregar resultados tan alejados de la realidad. De hecho, el error de estimación es tan grande que genera suspicacias y trae a la memoria las revelaciones de Bernard Nathanson, médico abortista que abogó por la legalización del aborto en E.E.U.U. y que tras reconsiderar su posición al respecto confesó haber presentado a la opinión pública cifras deliberadamente infladas sobre la incidencia del aborto.
A la luz del caso de Ciudad de México, la cifra de los 400.000 abortos se desmorona, máxime si se tiene en cuenta que el mismo GI reconoce que la información empleada en el caso mexicano es más fidedigna que la utilizada en el estudio sobre Colombia. Si nos tomamos la libertad de aplicar los índices de sobrestimación del caso mexicano a la cifra de marras tendríamos que el número de abortos inducidos anuales en Colombia estaría entre los 40.000 y los 92.000; aunque este cálculo no tiene ninguna pretensión científica y solo busca ilustrar un punto, es razonable suponer que la cifra real no debe estar por encima de los 118.359 abortos que se registraron durante el 2011 en España, país con una población similar a la de Colombia y en el que el aborto es legal y tiene una mayor aceptación social.
Alguien, y tendría razón, podría argüir que 100.000 abortos anuales es una cifra igualmente preocupante. Habría que aclararle, empero, que nuestra pretensión al desenmascarar estas cifras falaces no ha sido cerrar el debate sobre el aborto, pues somos conscientes de que independientemente de la posición asumida este es un debate que trasciende los argumentos puramente cuantitativos; nuestras miras, por el contrario, son más elementales y consisten básicamente en pedirle a nuestros contradictores la sinceridad y la honradez intelectual propias de los debates auténticamente democráticos, en instarlos a que no busquen la adhesión de la opinión pública por medio de la desinformación y la mentira, en exigirles, en definitiva, que en su empeño por despenalizar el aborto no empiecen abortando la verdad.